Alfaro: la soberbia del poder

|Por Fernando Cornejo|

Es cierto que el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, no es como los otros políticos que han gobernado esta ciudad. Es peor. Y lo es, porque ha querido vendernos, a fuerza de una estrategia de mercadotecnia en redes, de falsos discursos y de acciones contradictorias, que él es diferente, al grado de considerarse a sí mismo como la “última esperanza que queda en este país” (NTR, 02/06/17). Esa lógica mesiánica, que no pareciera encontrar contrapesos dentro de su administración, lo ha llevado a descalificar continuamente a todos aquellos que por la razón que sea son críticos de sus acciones o que incluso se oponen abierta y legítimamente a ellas. Y no sólo me refiero a los medios de comunicación que tanto desprecia –hay que recordar que a algunos de ellos los ha calificado como “basura” (NTR, 02/06/17)–, sino también a una cantidad considerable de ciudadanos, quienes son calificados de manipulables, mentirosos, ignorantes, porque en su forma acotada y particular de entender el mundo la única verdad posible es la suya.

Ávido por mantenerse en el poder, incluso antes que servir a los intereses de la ciudadanía, ha modificado algunas de sus posturas más reaccionarias que tenía contra quien fuera rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López y, por extensión, contra el grupo que controla esa institución así como una serie de empresas “parauniversitarias”, muy posiblemente –y esto lo planteo como una hipótesis– para conseguirse un aliado institucional poderoso de cara a las elecciones para la gubernatura del próximo año. Siendo alcalde de Tlajomulco, por ejemplo, opinaba lo siguiente: “En las últimas dos décadas, los jaliscienses han sido testigos de los afanes de poder de Raúl Padilla. Su modus operandi ha consistido en intentar cercar y secuestrar varias organizaciones e instituciones públicas locales, incrustando a sus incondicionales en posiciones estratégicas de control político y financiero”, por lo que tomó en ese entonces la decisión de librarse de ese “yugo” (Informador, 2010).

Ahora en cambio, le ha “donado” a esta universidad, y al grupo que la controla, el subsuelo del jardín del barrio de Mexicaltzingo, que es propiedad pública –que no del alcalde ni de los regidores– para que construyan un estacionamiento que dé servicio principalmente al Teatro Diana, aún cuando en la zona hay cinco que ya cumplen con esta función, según se lee en su página de Internet. Esto supondrá necesariamente la destrucción del jardín tal y como se encuentra ahora, afectando la vida cotidiana de vecinos y comerciantes. Pero lo peor es la actitud de menosprecio que tanto el alcalde como las autoridades universitarias muestran al minimizar los vínculos emocionales y simbólicos que tienen los vecinos para con este espacio, el cual es, además, de su punto de reunión por excelencia así como la única área verde con la que cuentan.

Sin embargo, sus comentarios parecieran sugerir que sí toma en cuenta la opinión de los vecinos, lo cual no deja de ser sólo un discurso artificial y políticamente correcto –mismo que por lo regular publicita hasta el cansancio a través de las redes sociales, que es la plataforma que utiliza para difundir su verdad–, pero que en la práctica no se materializa, salvo quizá contadas excepciones. Así, de acuerdo con sus palabras, “la obra de Mexicaltzingo no se va a hacer sin consenso de los vecinos, así de claro, pero estoy seguro que los vecinos de Mexicaltzingo son mujeres y hombres inteligentes que no se van a dejar manipular, y que me van a dar la oportunidad de explicarles lo que se quiere hacer” (Informador, 15/05/17).

De más está decir que son declaraciones vacías, pues un grupo bastante significativo  de vecinos y comerciantes han promovido un par de amparos contra la obra, han colocado mantas y letreros afuera de sus casas y negocios y han manifestado su oposición en diversos escenarios, pero aún así el alcalde prefiere ignorarlos por el simple hecho de que van contra sus planes de “renovación urbana”. Pero más grave aún, y que da cuenta de su soberbia, es que una simple lectura de esta declaración evidencia la forma limitada y sesgada que tiene de entender la realidad: si la gente es “inteligente” no se va a dejar “manipular”, porque aquellos que están en contra de la obra, de acuerdo con su lógica, están manipulados –negándoles con ello la capacidad intelectual y crítica de disentir–, y por tanto no serían “inteligentes”, lo que supone una total falta de respeto para aquellos ciudadanos a los debería servir como parte de sus funciones, de su responsabilidad.

Uno de los argumentos que esgrime tanto él como su gobierno para “justificar” la realización del estacionamiento es que éste, por sí sólo, podría provocar la reactivación económica de la zona, lo que se traduciría, de acuerdo con lo que plantean, en una mayor plusvalía de las propiedades que se encuentran en el barrio. Pero estos “argumentos” no sólo carecen de sustento, sino que evidencian un problema de fondo. Por un lado, el gobierno ignora –no por ignorancia, sino por conveniencia– que en esta ciudad la mayor parte de la población no se mueve en automóvil particular, sino en transporte público. Los porcentajes al respecto son bastante reveladores: alrededor del 30% para el primer caso y cerca del 70% para el segundo. En ese sentido, en el caso hipotético de que esta obra atrajera más gente al barrio, no se está buscando que sea más accesible para la población de a pie, sino para aquellos que gozan de una mejor situación económica, acción a todas luces de corte clasista. Pero además, y por si fuera poco, se está promoviendo con el estacionamiento el uso de un medio de transporte que ha sido utilizado en la últimas décadas de manera irracional, generando contaminación, ruido, saturación en calles, así como otro tipo de perjuicios ambientales, sociales y económicos.

Por otro lado, el argumento de que esta obra generará plusvalía en las propiedades del barrio es más una cuestión de fe que un pronóstico basado en algún tipo de estudio. Pero en el remoto caso de que así fuera, hay otro problema al respecto que las autoridades no contemplan –o que también prefieren ignorar–, y que habla del tipo de gobierno que tenemos y de los intereses que lo mueven: mucha de la gente que vive en esta zona no es propietaria de las casas en las que vive, por lo que si este pronóstico fuera cierto, subirían las rentas que ahora pagan, obligándolas con ello a abandonar el barrio, sobre todo si no cuentan con el poder adquisitivo como para poder solventar los nuevos gastos no sólo de la renta de las casas que habitan, sino todos aquellos que podrían generarse con esta “revaloración” de la propiedad. Pero al mismo tiempo, esta plusvalía podría atraer a otros sectores mejor posicionados económicamente, generando a su vez, como efecto perverso, un proceso de gentrificación.

¿Es eso lo que pretende el alcalde? ¿O este tipo de acciones las realiza por ignorancia, por incompetencia? ¿Y entonces la soberbia con la que se conduce, descalificando a sus críticos y detractores, es sólo un reflejo de su incapacidad para gobernar para todos y en pro del bien común? ¿O es una forma de imponer no sólo su voluntad, sino de anteponer sus intereses de poder, que son los que parecen moverlo?

Está claro que hacen falta contrapesos para la clase política que gobierna este país, más aún cuando su sentido de la realidad se ha distorsionado, imaginándose a sí mismos como los redentores que salvarán al pueblo de su ignorancia. Ayudaría que alguien se los hiciera saber.

Fernando Cornejo Hernández

Es Doctor en Estudios Científicos Sociales y profesor universitario.

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1 Comment

  1. Totalmente de acuerdo. Sólo agregaría que la Nobleza Universitaria de la UdeG es co-rresponsable de este ataque al espacio público. También debo señalar que los alcaldes del PRI y del PAN también han gestionado los espacios públicos como si fueran de ellos. Es decir que la privatización de los espacios públicos no comenzó con Alfaro. En conclusión… ¿Por quién votar?

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