Candidatos y asesinatos

|Por Juan José Doñán|

Pues con la novedad de que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz resultó ser un buen profeta de desgracias, pues a principios del pasado mes de febrero salió a decir que, si en materia de seguridad pública las cosas estaban mal en ese momento en Jalisco, la situación iba a ponerse peor.

Y casi tres meses después, en efecto, la negra profecía aristotélica resultó cierta. El problema, sin embargo, es que al señor Sandoval Díaz no lo eligieron los jaliscienses para que predijera el porvenir de la comarca en materia de seguridad pública, sino para que garantizara la tranquilidad de los hombres y mujeres que viven en esta parte del mundo; algo que, desde luego, no ha conseguido.

Al contrario, durante la presente administración estatal se ha dado un preocupante incremento en casi todo tipo de delitos, particularmente en aquellos que acaban con la convivencia pacífica y le roban la tranquilidad a la sociedad, independientemente de que esos delitos sean cometidos por personas relacionadas con el crimen organizado o con el desorganizado, es decir, con el hampa común.

El fracaso de nuestras autoridades (estatales, municipales y federales) en el renglón de seguridad pública es sencillamente estrepitoso, pues ni la administración que encabeza Aristóteles Sandoval ni tampoco el gobierno de Enrique Peña Nieto y, menos aún, la inmensa mayoría de ayuntamientos de Jalisco han podido con el paquete.

No ha faltado quien diga, con el ánimo de tratar de ser justo, que este grave problema –hasta ahora irresoluble– no comenzó ni con la llegada de Peña Nieto a la presidencia de la república ni con la de Sandoval Díaz al gobierno de Jalisco, y menos aún con las administraciones municipales que han desfilado durante el presente sexenio.

Sí, el problema de la violencia y la inseguridad lo heredaron los susodichos de quienes los antecedieron en el cargo. Sin embargo, ello no los exculpa de su responsabilidad por no haber sido capaces de resolver tal problema y, menos aún, lo exculpa por su agravamiento, en la medida en que el problema de la violencia y la inseguridad en nuestro país –y de manera específica en el caso de Jalisco– ha crecido hasta niveles nunca vistos, con robos, extorsiones, secuestros y asesinatos al por mayor.

Estos últimos han arreciado en las semanas recientes, convirtiendo a nuestro estado y al Área Metropolitana de Guadalajara en noticia nacional e internacional, y no sólo por el creciente número de desapariciones forzadas y de asesinatos, sino por lo brutal y lo horrendo de varios de esos crímenes. Por acción o por omisión, nuestros gobernantes (de todos los niveles) han permitido que el hampa crezca, se multiplique y diversifique sus actividades delictivas, dando pretexto plausible para que haya quien diga que vivimos en un estado fallido.

Pero fallido o no, lo cierto es que quienes están al frente del gobierno hasta ahora han sido incapaces de cumplir mínimamente con una de sus obligaciones básicas: brindar seguridad a sus gobernados, motivo suficiente para que pueda asegurarse que los funcionarios encargados de la seguridad pública, lo mismos que sus jefes (desde el presidente de la república hasta los alcaldes de los municipios más pequeños, pasando por la mayoría de los gobernadores de los estados) están reprobados como “servidores” de la sociedad.

Así vemos cómo al gobernador Aristóteles Sandoval se le volatilizaron los presuntos “logros” de su administración con casos como los de los tres italianos desaparecidos en Tecalitlán y, más recientemente, con los tres estudiantes de cine, secuestrados, torturados, asesinados, desmembrados y finalmente disueltos en ácido, según aseguran peritos de la Fiscalía de Jalisco.

Pero el gobernador y el fiscal del estado no son los únicos responsables de estas historias de horror. También llevan buena parte de culpa un sinfín de presidentes y expresidentes municipales, que en materia de seguridad pública han sido un cero a la izquierda.

Así, por ejemplo, en el sonado caso del secuestro y el demencial asesinato de los tres estudiantes de cine, llevan buena parte de responsabilidad la Policía y el presidente municipal de Tonalá, municipio en el que se localizan las fincas en que los desafortunados jóvenes habrían sido torturados, asesinados y disueltos en ácido.

Por cierto, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, lejos de afanarse en la seguridad pública de su municipio, optó por pensar en su futuro político personal, al anunciar su renuncia a seguir militando en el PRI (partido que lo llevó a distintos cargos, entre ellos el que ahora detenta) para irse a la cargada alfarista, sumándose a las filas de Movimiento Ciudadano.

Lo peor del caso, en esta múltiple historia de horror, es que ninguno de los numerosos candidatos actualmente en campaña ha presentado una propuesta, lo suficientemente seria, racional y convincente, para atajar y resolver este problema que tiene, desde hace tiempo, a buena parte de quienes vivimos en esta parte del mundo con el “¡Jesús!” en la boca.

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