La resistencia contra el “Homeland security” mexicano viene del norte

|| Ciudadanos organizados de Nuevo León cabildean contra esta Ley –propuesta por un diputado priísta– que facultaría a las Fuerzas Armadas para realizar acciones que ahora corresponden a la gendarmería o las policías locales

| Por Melva Frutos |

Como parte de los cientos de ciudadanos que se suman al rechazo de la Ley de Seguridad Interior en el país, el “Colectivo Nosotros” en Nuevo León, inicia un movimiento para que ésta no sea aprobada.

Nosotros –que en enero promovió un amparo colectivo contra el gasolinazo–, se ha declarado en contra de que las fuerzas armadas sigan en las calles y ahora que además tengan el poder legal para violentar los Derechos Humanos, deshacer protestas, realizar acciones de espionaje, investigación y allanamiento, entre otros.

“Porque el ejército está entrenado para matar, no para ser Policía. Y ahora con esta Ley quieren quitarnos los derechos humanos, como el derecho a estar seguro adentro de tu hogar, porque ya sin orden de un juez, ellos podrán entrar y saquear tu casa.

“Es terrible en realidad lo que plantea la Ley propuesta por el diputado federal del PRI, César Camacho”, declaró la activista y ex candidata al Senado, Cristina Sada Salinas.

La iniciativa de Ley de Seguridad Interior, recientemente propuesta en la Cámara de Diputados, en general, propone la participación del Ejército en las calles del país.

“Estoy definitivamente en contra de esta Ley”, agregó Sada Salinas, quien argumentó que desde la llegada de los militares a los estados, las consecuencias han sido fatales.

“Sólo ha traído desplazamientos tremendos, comunidades abandonadas, una impunidad mayor, el crimen ha aumentado, el trasiego de drogas se mantiene, la cantidad de adictos en México es aún mayor”, señaló Sada Salinas.

Consideró que la labor social que han hecho las fuerzas armadas ha sido honorable, y que mientras se mantuvo dentro de los cuarteles no había contaminación por parte de las fuerzas políticas y el narcotráfico.

Con la propuesta de la Ley de Seguridad Interior, el Gobierno Federal se está curando en salud para posibles manifestaciones que se puedan presentar en el 2018, aseguró la activista.

“Ahora los que repriman las manifestaciones, que de por sí hoy son un desastre con los policías, serán miembros del Ejército. (…) Eso a cualquiera lo pone a temblar”, sentencia.

Violaría la autonomía municipal

La activista y ex diputada, Liliana Flores Benavides, quien también es integrante de Nosotros, coincidió en que la Ley de Seguridad propuesta por el diputado federal priísta es preocupante porque vulnera las garantías de las personas.

Legalizar la participación del Ejército en las calles, en las tareas que hace un policía de proximidad, agregó, es permitir que un elemento militar reprima y actúe en protestas y marchas, realice tareas de espionaje. “Entraríamos a un estado, como dice la ONU, casi dictatorial”.

“Es prácticamente tener a un gobierno rendido. En donde fue incapaz de tratar asuntos de la esfera civil y hoy quiere que se traten por la vía militar, legalmente”, señaló Flores Benavides.

A nivel nacional ya se han emprendido acciones para tratar de detener la aprobación de la Ley, la cual se votará primero en la Cámara de Diputados, para después pasar al Senado a ser aprobada.

Cabe señalar que es una Ley impulsada por priístas, apoyada por algunos panistas y miembros del PRD. Otros diputados del PAN han manifestado su rechazo, argumentando violación a la autonomía de los municipios y estados.

La ex diputada coincidió en que la participación del Ejército en las entidades sólo ha recrudecido la violencia, provocando incluso estados fallidos.

Señaló la falta de interés para combatir las causas de la violencia desde el fondo, ahorcando los flujos de dinero de la delincuencia, combatiendo la corrupción y bloqueando el paso ilícito de armas desde Estados Unidos.

Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional durante el centenario de la Industria Militar (Foto Especial)

Una Ley invasiva y represiva

Desmenuzando un poco la propuesta de Ley, César Valdez, también miembro del colectivo, explicó que los militares podrán operar ampliamente y como consideren necesario.

Y describió que en el Capítulo Primero, Artículo 3, fracción II, se deja abierta la puerta a la arbitrariedad en las “Acciones de Orden Interno”, definidas como “Aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, orientadas a prevenir amenazas a la Seguridad Interior en un área o zona geográfica del país.

Se enumeran así: A. Destacamentos de seguridad; B. Escoltas de seguridad; C. Establecimiento de bases de operaciones móviles y fijas; D. Establecimiento de puestos de seguridad; E. Intercepción terrestre, aérea y marítima; F. Patrullajes; G. Puestos de vigilancia; H. Reconocimientos; I. Seguridad en instalaciones estratégicas, y J. Las demás que se consideren necesarias.

“Con ello, evidentemente, el último inciso deja abierto, a criterio de las autoridades militares y civiles federales, el determinar qué ‘acciones de orden interno’ se implementarían”.

El Capítulo Primero, Artículo 3, fracción VIII, señala sobre el “Uso legítimo de la fuerza: utilización de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las fuerzas armadas y federales, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave”.

“La indeterminación de los ‘actos de resistencia no agresiva’ –si nos apegamos a la semántica– puede referirse sin duda a los actos de resistencia civil pacífica, como marchas, plantones y demás manifestaciones públicas habituales en nuestro país.

“Este artículo es una patente de corso para que las fuerzas armadas actúen con autorización legal, en contra de cualquier expresión ciudadana de descontento, así sea ‘no agresiva’”, apuntó Valdez.

Entre otros, el activista reprobó que en el Capítulo Cuarto, Artículo 27, que habla “De la inteligencia para la Seguridad Interior”, se faculta a las fuerzas armadas para intervenir de cualquier modo en las comunicaciones y vida privada de personas, organizaciones y empresas, vulnerando lo establecido por la Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos firmados y ratificados por México.

“La iniciativa priísta no contiene un solo punto acerca de aplicar peritajes fiscales o inteligencia financiera para golpear al crimen organizado –de cuello blanco o no– en sus recursos monetarios, única vía –según especialistas en el tema, como Edgardo Buscaglia– para realmente acabar con este cáncer social”.

Cristina Sada Salinas expuso que integrantes de Nosotros, han viajado a la Ciudad de México para entrevistarse con algunos diputados y senadores, a quienes les han solicitado su postura y motivos.

“Como colectivo hemos estado hablando con diputados, básicamente del PRD y del PAN, que son quienes nos han recibido; además como el diputado del Partido Verde, Ricardo Canavati; Ivonne Álvarez, senadora del PRI por Nuevo León, nos acaba de dar una cita para verla”.

“En Nuevo León, creo que somos el único grupo organizado haciendo esta serie de entrevistas y cabildeo con los diputados, expresando nuestro desagrado”, externó Sada Salinas.

Nosotros, también está integrado por Tatiana Clouthier, Hugo Fernández, Carlos Villarreal, Enna Mackay, Nora Natalia Guajardo y José Manuel Guerrero Noyola.

Agradecemos a Posta.com.mx, compartir este trabajo.

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