Corrupción: ¿A qué estamos jugando?

Sepa la bola

En septiembre de hace tres años, el presidente Peña Nieto catalogó la corrupción como un tema cultural. Lo hizo ante cientos de líderes empresariales cuando presentó la propuesta para crear la Comisión Nacional Anticorrupción, la misma que mutó en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Dos meses más tarde, el equipo de investigaciones de la periodista Carmen Aristegui publicó el reportaje de La casa blanca de Enrique Peña Nieto con el que se abrió la temporada “uno” de los escándalos de corrupción en su administración.

Si entendemos la cultura como aquellos aprendizajes que nos permiten sobrevivir en cierto entorno (una mujer no se viste igual en Irak, que, en China, que, en México y por favor no entremos a la discusión de si esto debería ser así o no, simplemente estoy consignando algo que sucede) así como las prácticas “aprehendidas”, entonces  pienso que legitimar la corrupción porque dizque sólo así podremos salir adelante en este país, me parece un discurso que no solo no condena este ilícito, sino que lo justifica.

Pero bueno, volviendo al SNA, en una de sus leyes, la de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se definen los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos (antes contenidas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Púbicos), es decir lo que los funcionarios públicos –a quienes les pagamos con nuestros impuestos– deben cumplir. Sin excusas. No obstante, más de un puñado no lo hacen. Por lo anterior y para que sea más ilustrativo, le vengo manejando lo que viene siendo más que nada algunos puntos de la reglamentación y contenidos periodísticos que presumen que ciertos funcionarios cometieron algún acto corrupto.

Primero: el funcionario debe “conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización”. Como lo puede ser, utilizar sistemas de espionaje para hackear los teléfonos de periodistas y activistas, como publicó The New York Times.

Segundo: los servidores públicos deben “satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población”. Que no se nos olvide cuando el ahora ex director de Conagua, David Korenfeld, usó el helicóptero como ‘taxi’, es el ejemplo ilustrativo del incumplimiento de estos renglones.

Tercero: uno de los apartados con más casos es el que dicta que deben “administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. Para muestra, los implicados en “La estafa maestra”.

Cuarto: “abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano”. Por alguna razón se me vino a la mente el reportaje “Odebrecht y Lozoya Austin, nombres vinculados en investigación sobre sobornos” que acusa a este personaje de incumplir la ley ya mencionada.

De los casos de presunta corrupción que expuse y que están relacionados a las disposiciones en la materia correspondiente sabemos algo: nadie está en la cárcel ni ha reparado el daño. La “letra”, son grafos muertos ¿A qué estamos jugando? El SNA tiene a su favor que aún mantiene el beneficio de la duda. En contra: la desesperanza.

Migaja

Que alguien le diga al alcalde Enrique Alfaro que nadie lo ha llamado a “refundar” Jalisco.

Julio González
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