El gobernador y El Zapotillo

Río Verde

|Por Juan José Doñán|

Hace unas horas, el gobernador Aristóteles Sandoval acaba de confirmarles a los vecinos de tres poblados de la zona de los Altos lo que éstos ya sabían: que el primer “servidor público” de Jalisco en realidad nunca ha estado del lado suyo, y que si en algún momento había parecido estarlo sólo fue de dientes para afuera, de tal forma que, si por él para fuese, a estas alturas del calendario ya habrían desaparecido esos tres pueblos, inundados por la hasta ahora atorada presa de El Zapotillo.

Y si aún perviven Acasico, Palmarejo y Temacapulín –no obstante la decisión para borrarlos del mapa, tomada por las autoridades federales, así como por las dos últimas administraciones estatales de Guanajuato, con la esquizofrénica complicidad del gobierno de Jalisco, tanto el que encabezó en su momento el panista Emilio González Márquez como el que detenta en actualmente el ahora priista Aristóteles Sandoval– ha sido porque los vecinos de esos pueblos, así como varias organizaciones ambientalistas y de defensores de los derechos humanos, recurrieron –exitosamente hasta ahora– a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual ordenó que la cortina de la represa de marras se detuviera en los 80 metros de altura y no llegue a los 105 metros de alzada como han pretendido y siguen pretendiendo sus promotores.

Esta resolución de la SCJN dio por resultado que los trabajos en dicho embalse prácticamente permanezcan detenidos desde hace casi tres años y que, obstante lo que acaba de anunciar el gobernador, siga siendo más que difícil la reanudación inmediata de esos trabajos, sobre todo a estas alturas de un sexenio que ya va de salida, tanto en el ámbito local como en el federal.

Y ello porque el gobernador de Aristóteles Sandoval ya agotó las tres cuartas partes del periodo para el que fue elegido. Y si el año entrante su partido (el PRI) perdiera en los comicios para la próxima gubernatura, como los momios electorales indican hasta ahora, y si en la arena federal ocurriera otro tanto, entonces la persona que acaba de desahuciar a los habitantes de Temaca, Acasico y Palmarejo tendría que pasar sus últimos ocho meses en el cargo convertido en punto menos que un cadáver político, con poca o nula capacidad para poder sacar adelante el proyecto de la presa de El Zapotillo a 105 metros de altura, máxime cuando siguen vivas las resoluciones que, en sentido contrario, dictó la SCJN.

Adicionalmente, tanto las principales fuerzas de oposición a nivel estatal como el puntero en las encuestas para alzarse con la presidencia de la república (Movimiento Ciudadano, con Enrique Alfaro a la cabeza, y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente) se han declarado en contra de que la proyectada presa de El Zapotillo borre del mapa a los tres pueblos alteños amenazados por dicho embalse.

Así que una cosa es lo que el gobernador dijo que va a suceder con el proyecto acuícola de marras, y otra que de veras vaya a conseguirlo. Ahora sí que del dicho al hecho hay mucho trecho.

A fuerza de ser sinceros, habría que decir que con la presa de El Zapotillo Aristóteles Sandoval y su gobierno han venido sudando calenturas ajenas, pues ese proyecto, que tiene ya más de diez años de haber sido puesto en marcha, fue concebido por el gobierno federal, a finales de la administración de Vicente Fox y principios de la de Felipe Calderón, como un plan B, luego del fracaso de la presa de San Nicolás, en el municipio de Jalostotilán, para llevar agua del río Verde hasta el área metropolitana de León, Guanajuato.

En un principio, la idea era levantar en el sitio de El Zapotillo, dentro del municipio de Cañadas de Obregón, una cortina de 80 metros de altura. Pero ante el fracaso, en 2009, del descocado proyecto de Arcediano (en el fondo de la barranca de Huentitán), dizque para asegurarle una fuente alterna de agua potable a la Zona Metropolitana de Guadalajara, el entonces gobernador Emilio González Márquez le solicitó a la Comisión Nacional del Agua que la altura de la presa creciera 25 metros, a fin de ampliar su capacidad de almacenamiento y, de esa forma, se pudiese disponer de agua también para el área conurbada de Guadalajara y varios municipios de los Altos de Jalisco, sin importar que con ello se condenara a desaparecer a los tres poblados ya referidos.

Y si el proyecto se atascó en el pasado y sigue atascado en el presente no fue porque los sucesores de los panistas Felipe Calderón y Emilio González Márquez (los priistas Enrique Peña Nieto y Aristóteles Sandoval, respectivamente) lo reconsideraran, sino porque la SCJN aceptó –y sigue aceptando– como legítimas las controversias interpuestas por los habitantes de la zona que saldrían afectados con el proyecto de El Zapotillo.

A esos habitantes el gobernador de Jalisco les acaba de decir, casi con lágrimas de cocodrilo, que de veras lo sentía mucho, pero que no podía estar de parte de ellos, escudándose en un estudio que su gobierno le encargó la Agencia de Naciones Unidas para Proyectos, a un costo desmesurado de 90 millones de pesos, un verdadero despilfarro de dinero público nada más para tratar de justificar lo injustificable: un proyecto en el que los intereses de Jalisco quedan supeditados a lo que decidieron el gobierno federal y aun las autoridades de Guanajuato, de quienes en realidad fue la idea de El Zapotillo.

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