Esconden el Informe de Almaguer

Sepa la bola

En el ocaso pasado octubre, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, mandó un mensaje a los secretarios, funcionarios de su administración, que tenían interés en saltar a una candidatura en el actual proceso electoral.

Sus palabras fueron: “Pido, primero, que me entregue un informe total. Ya que yo lo tenga en mis manos, que por supuesto diga hacia dónde va, con total transparencia y no ocultar, decir “no nadie se va” y después a todos los vemos contendiendo”.

El mandatario pidió transparencia al entonces fiscal Eduardo Almaguer y al ex titular de Desarrollo e Integración Social, Miguel Casto. Ambos ya dejaron su puesto. Sandoval quería saber sus resultados –sus pendientes. Su inquietud, la compartimos los ciudadanos.

La tierra dio varias vueltas sus ejes hasta que llegó el día de su renuncia y que anunció, al inicio de su plano discurso, que el viernes 10 de noviembre entregó, al despacho del gobernador, un informe ejecutivo de la situación que guarda la dependencia y que contenía lo relativo a la coordinación general de administración y profesionalización, lo que corresponde a su despacho, a las diferentes fiscalías y lo relativo a las carpetas de investigación. En ese momento el fiscal ya había entregado su “trabajo final” y podía irse –no sé si en paz, pero irse sí.

Sus resultados están ocultos. Al menos para los dos ciudadanos (Isaack de Loza y el autor de esta columna) que hemos coincidido en la solicitud realizada, por medio de los mecanismos de transparencia. La resolución fue negativa. El informe fue un requisito interno.

El Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) consideró que la información debía considerarse como “reservada”. Su argumento estribe en que “los datos solicitados están vinculados al estado en el que se encuentran proyectos, investigaciones, planeaciones operativas y de inteligencia, cumplimiento de órdenes de aprehensión, estrategias en materia de seguridad pública, capacitación, reinserción social, seguridad penitenciaria”. Entregar el documento a un ciudadano estaría “poniendo en riesgo la finalidad de existencia” de la dependencia en materia de seguridad pública, prevención del delito y procuración de justicia.

También, en el informe –a decir por el Comité– se incluyó información relacionada a hechos delictivos y los presuntos responsables, que, por cierto, están sujetos a investigación. Es decir, la difusión de su contenido puede “poner en riesgo la vida, la salud o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieron laborado en áreas de seguridad pública”.

Es cierto, el Comité tiene algo de razón. Sólo algo, no toda. Según el contenido comunicado por Almaguer en aquella rueda de prensa, existe información administrativa, por ejemplo, que es de interés público. El Comité pudo haber entregado parcialmente la información, pero decidió que no fuera así. Muy a su estilo: con una carta extensa que contiene términos legaloides.

En la resolución FG/UT/8481/2017 también argumentan que su clasificación permite garantizar el Derecho Humano de la seguridad. Basta con mirar la estadística de homicidios, desapariciones y robos para saber que, hace tiempo que no está garantizado. Mejor esconder el informe.

Migaja

En Guadalajara y Zapopan, ayer, aparecieron dos hieleras que contenían restos humanos; en una había dos cabezas.

Julio González
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Reportero // Caminante //escribe la columna "Sepa la bola" // Profesor.

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