Fiscal Anticorrupción, moneda de cambio

|Por Paul Alcántar|

Alcanzar los acuerdos políticos en escenarios preelectorales son desgastantes y más cuando se está en juego la instalación de un complejo sistema como lo es el de Anticorrupción.

Los siete de nueve nombramientos que estuvieron en juego para integralo, cuatro titulares de los Órganos Internos de Control, tres Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (con un espacio vacante), el  Auditor Superior del Estado (ASEJ) y Fiscal Anticorrupción, salieron en apresuradas convocatorias que el Congreso del Estado lanzó sin escuchar las voces de quienes integran el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción y del bloque de las Universidades de Jalisco que demandaban mayor tiempo para estudiar y analizar las mejores opciones que permitieran un Sistema ajeno a los poderes fácticos que limitan el combate a la corrupción y la impunidad.

A pesar de ello y de los tiempos cortos, el Comité de Participación Social presidido por Jorge Alatorre, hizo un trabajo excepcional: la metodología planteada con una legitimidad trabajada con los actores sociales que vienen empujando la agenda, dieron un vuelco a los acuerdos  para esas posiciones;  un aparente revés para Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro, quienes veían en estas posiciones la consolidación de nuevos pactos con designaciones a fines.

Determinaciones que fueron a contracorriente y con el reconocimiento de una maquinaria social que logró, por ejemplo, remover todo el tufo que representaba Alonso Godoy en la desacreditada ASEJ y de contar con una votación a favor de Gerardo De la Cruz como próximo Fiscal Anticorrupción, un abogado litigante y académico universitario sin ligas partidistas.

Y justo el atorón se encuentra con este nombramiento. Un amparo le ha dado la razón a Gabriel Valencia para suspender el proceso de designación y toma de protesta hasta que se dicte una sentencia que judicialmente le diga al Gobernador que se equivocó y que por su falta de criterio se obligue a reponer el procedimiento de elección. Esta acción trae diversas interpretaciones políticas que difícilmente podríamos dejar de lado. Por muchas razones, un Fiscal Anticorrupción independiente y autónomo de cualquier poder institucional representa una amenaza latente para quienes han hecho del erario público el gran negocio de su vida.

Este nombramiento representa la responsabilidad de perseguir a los corruptos y corruptores del Estado, con una libertad de trabajo que garantice resultados fuera de cualquier golpeteo político y respaldado por el Comité Coordinador del Sistema que, por cierto, se instalará el próximo miércoles sin esa figura.

Es claro que el costo político se le quiere adjudicar al Gobernador por su falta de razonamiento al momento de elegir la terna votada por el Congreso el pasado 24 de diciembre. Sin embargo, el interés de Gabriel Valencia por demostrar sus razones jurídicas, se empañan al incorporar en la fotografía a su hermano el actual diputado Augusto Valencia, de Movimiento Ciudadano, conocido por su bravuconería y por salir al quite del “golpeteo” hacia sus jefes más que por su oficio como legislador.

La partidización de este nombramiento por supuesto evidencia los precios al interior de sus militantes o frente a los adversarios. No es gratuito que la imaginación vuele después de que, frente a activistas, cúpulas empresariales e integrantes tanto de la Comisión de Selección como del Comité de Participación Social, Gabriel Valencia haya dado razones mayores para desconfiar de sus acciones y centrarnos en lo que realmente busca: desistir su demanda a cambio de un intercambio en el próximo escenario político que se aproxima.

 

Paul AlcántarPaul Alcántar

Hago análisis. Toma la ciudad. Michoacano en Guadalajara.

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