Impunidad y crimen: con los ojos bien vendados

|Por Paul Alcántar|

Jalisco se ha convertido en una de las entidades más violentas de México. Su ciudadanía está pasmada. Esto tiene algunas explicaciones, y escribo desde mis percepciones.

La seguridad pública o ciudadana resulta ser uno de los bienes públicos más sensibles para la sociedad pero a la vez es la que más cuesta para involucrar a la ciudadanía. Cuando hablamos de ella se sobreponen ideas que limitan y a la vez separan de la urgencia de construir y participar en su garantía.  Hablar de seguridad es un reto que por diversas razones se  ha apartado hacia la responsabilidad única del Estado, a pesar de que éste ha visto rebasado en su atención.

Una de estas razones tiene que  ver sobre la narrativa construida en el imaginario colectivo. Hablar de la seguridad pública nos lleva irremediablemente a pensar sobre la impunidad, criminales, policías, militares, política y gobiernos; tópicos que no son fáciles de digerir por la carga excesiva de estigmas a su alrededor.

Si bien en el plano de lo cotidiano existe una sociedad que conversa sobre la seguridad sin involucrarse en su fortalecimiento, también es real que hay resistencias que deberían ser superadas en otras esferas estratégicas. ¿Qué sucede con el ámbito académico y los insumos que generan para la colaboración con el Estado y la respuesta de la sociedad civil organizada?

Si hacemos una reflexión sobre quién, cómo y para qué se estudia  la seguridad pública, podría afirmar que las universidades y los centros de investigación han hecho una labor titánica para construir metodologías que ayudan a problematizar la ausencia de la seguridad en los espacios sociales y a construir escenarios eficientes en todas las dimensiones posibles.

En esos esfuerzos se va la creación y los planteamientos que no sólo se enfilan al consumo interno, sino que se convierten en una ruta importante las decisiones finales. La vinculación de las universidades con el Estado –responsable del eje rector de la seguridad ciudadana– debería ser un elemento fundamental en la implementación de las estrategias que buscan disminuir los índices de criminalidad.

Sin embargo, estamos muy lejos de que la alta burocracia responsable de la seguridad y la prevención de los delitos asuma la producción académica como un insumo útil.

Pero no son los únicos actores ausentes. En los ejercicios que motivan a los investigadores por mostrar evidencias a los gobiernos, muchas veces con éxitos mínimos, también es real que  un gran sector de los representantes de la sociedad civil organizada se encuentra fuera de la órbita de la discusión.

Y eso es preocupante porque la oportunidad existe para reforzar las estrategias cocinadas por la academia,  sin embargo falta mayor empatía con una causa que se confunde sólo con el fortalecimiento del Estado y no como una vinculación que podría traer saberes y experiencias que ayuden a proveer y cimentar una cultura de paz que parta de la ciudadanía construida y organizada.

Los datos del costo de la impunidad

¿Datos? Valdría la pena observar las propuestas puntuales y abiertas al debate y la reflexión, tal como es el caso del proyecto Costos de la Impunidad encabezado por Alejandro Anaya donde da cuenta de lo costoso que resulta mantener la impunidad en nuestro país.

La medición que realiza a través del método racional, pone de cabeza a quienes hemos leídos sus reportes sobre los fenómenos criminales que están apropiándose de la estructura del Estado y cómo la sociedad debe lidiar con la tragedia.

En su último informe, presenta un estudio sobre cómo la impunidad incrementa no sólo los costos económicos, sino los sociales que traen consecuencias desalentadoras. El cruce de la impunidad en las tragedias vivas que palpamos en Jalisco y en México es el semáforo que se puede activar desde la incidencia de los activismos y las organizaciones sociales enfocadas en la rendición de cuentas y la defensa de los Derechos Humanos.

La impunidad, dice el reporte, genera violaciones sistemáticas tan claras como los homicidios, la desaparición de personas y el desplazamiento forzado, uno de los crímenes menos visibilizados en el país. Nuestros ojos bien vendados.

El informe  pueden consultarlo en http://costosdelaimpunidad.mx/

Por cierto, junto con Michoacán, Jalisco es la entidad donde más registros de personas desaparecidas y desplazadas existen en el país, según el récord encontrado por esta investigación. Escalofriante.


Paul Alcántar

Hago análisis. Toma la ciudad. Michoacano en Guadalajara.

Escribe el primer comentario

Responder

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*