La consulta necesaria

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. “           (Artículo 3ro de la declaración Universal de los Derechos Humanos)

Los consejeros de Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) necesitan con urgencia justificar su existencia. En Jalisco, nunca ha habido una consulta ciudadana, así que qué mejor que tomar el primer pseudo argumento disponible y lanzarse al ruedo.

Seguramente -con cierta ignorancia- pensaron que sería debatible la existencia de ciclovías en una avenida tan importante y con tanto flujo de personas como la de Marcelino García Barragán. Lo único debatible aquí es que se consulte sobre derechos de otros.

Ante una horda de vecinos enfurecidos por la pérdida de privilegios de sus automóviles que cumplieron en “tiempo y forma” con los requisitos de una ley laxa y con muchas inconsistencias, decidieron ceder y lanzar una consulta que afecta directamente derechos de terceros.

Nuestras leyes obligan a los gobiernos ejecutivos a brindar seguridad a los habitantes de la ciudad, a crear condiciones para el tránsito seguro de bicicletas en toda la ciudad y por lo tanto a crear ciclovías separadas del tráfico en las avenidas principales.

Ni el gobierno estatal -en este caso ejecutor de la obra- ni los municipales -que en este caso otorgaron permisos y vistos buenos para el desarrollo de la ciclovía- podrían, incluso si lo quisieran, dar marcha atrás, la ley obliga.

Además si hay algo en lo que están de acuerdo las administraciones estatales y municipales actuales es en impulsar y consolidar las redes para la movilidad activa.

Por otro lado, el código electoral obliga a los consejeros a revisar la constitucionalidad de cualquier consulta que pretendan ejercer y bajo ninguna circunstancia se puede preguntar sobre políticas públicas que afecten los derechos de otros. La consulta es además de ociosa esencialmente inconstitucional.

Y digo ociosa porque, se opine lo que se opine, y resulte lo que resulte, la ciclovía tendrá que quedarse donde está. Así lo marca la ley. Entonces ¿para que tirar a la basura los casi 2 millones de pesos que se pretende gastar el IEPC? Vamos, con uno de los modelos más baratos ese dinero podría significar hasta seis kilómetros más de alguna ciclovía secundaria que podría significar una enorme diferencia para la seguridad de miles de ciclistas.

Además, es una consulta amañada. ¿O cómo se puede explicar que se calendarice el ejercicio supuestamente democrático justo cuando están de vacaciones los 35,000 estudiantes en la zona y principales beneficiarios y potenciales usuarios de la ciclovía? Esta exclusión, voluntaria o no, simplemente invalida cualquier ejercicio de consulta al permitirse ser francamente parcial.

No digo que no debiera haber participación en las decisiones públicas, al contrario, es importante que en la construcción de las políticas públicas se incorporen, cada vez más, procesos amplios que fortalezcan la validación social de los programas de gobierno y la calidad de nuestra democracia al hacerla más incluyente y deliberativa. Pero nunca derivando en limitar los derechos de otros.

Que tengamos un IEPC tan caro e incapaz de liderar procesos reales de participación y fortalecimiento de nuestra democracia, debería ser suficiente para preguntarnos si sirve de algo. Quizá esa sería la consulta necesaria -constitucional por cierto- y no la bobada con la que lo que único que han logrado nuestros consejeros es poner en ridículo el nombre de esta noble y leal ciudad.

Felipe Reyes
Acerca de Felipe Reyes 13 Artículos
Arquitecto, ciclista y disentidor ocupado en urbanismo y movilidad

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