Las fosas de Coahuila; las dudas de colaborar ‘con el enemigo’

||Familiares de desaparecidos desconfían de las corporaciones locales por ser partícipes de la violencia en el estado

| Por Melva Frutos |

El estado de Coahuila fue puesto en el mapa de la violencia tras la desaparición y matanza de más de 300 personas en Allende, pero las cifras son mucho mayores a eso y se extienden por toda la entidad.

El secuestro en Coahuila no se limita a la lamentable desaparición que se dio a conocer en Allende. Los números arrojan que en pocos años, cuando menos mil 700 personas han sido privadas de su libertad.

A los 23 años y recién egresado de la carrera de ingeniería industrial, Daniel Cantú Iris dejó de comunicarse con su familia el 21 de febrero de 2007.

Era su primer trabajo, tenía la costumbre de mantener contacto con sus padres, pero ese día en que salió a hacer algunas labores de campo en compañía de su patrón, un empresario de La Laguna y otro compañero, su teléfono móvil fue apagado y no volvieron a escuchar su voz.

“En el caso de mi hijo, inicialmente se llegó al procurador de Justicia del estado, en ese entonces, Jesús Torres Charles. Se llegó directamente con él, porque como el empresario con el que trabajaba mi hijo, tenía una posición económica alta, comentó que se le dio relevancia al caso, pero al día de hoy no hay una línea de investigación que nos lleve a saber de su paradero, ni mucho menos llegar a la verdad”, explicó Diana Iris García, madre de Daniel y cofundadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec).

Foto cortesía

Describió que Fuundec es acompañado por el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, y tienen más de 450 casos registrados en sus estadísticas.

“De las familias organizadas, tenemos 452 casos de desaparecidos del 2007 al 2012, aunque el gobierno del estado oficialmente reconoce casi mil 700 personas”.

Dijo que Fuundec está conformado por alrededor de 120 familias de desaparecidos, aclarando que también se cuenta con desapariciones colectivas.

El número de familias no corresponde al número de desaparecidos, porque en la mayoría de las desapariciones que se tienen registradas, hay desde 2 hasta 23 personas en un solo evento.
 Diana Iris García.

Precisó que el perfil de las desapariciones organizadas en el colectivo, son la mayoría hombres en edad productiva, entre 10 y 35 años, tanto del estado de Coahuila, como de otros estados, que fueron secuestradas cuando estaban en tránsito por la entidad.

Después de dos años de que Diana Iris García buscara en solitario a su hijo, ella y decenas de familias se reunieron en torno al Obispo, Raúl Vera en 2009.

Juntos se organizaron para actuar frente a un fenómeno que aún no se reconocía en el estado y por lo tanto, no se tenían medidas de acción y de demanda a las autoridades.

“No se sabía por qué se daba, Se hablaba de levantones, más no sabíamos qué era en sí, con qué fin y todo lo que conlleva una desaparición y a raíz de ese diciembre, las familias nos empezamos a juntar, a pensar, nos encontramos a pensar juntos y a demandar y a exigir la búsqueda de ellos, como hasta ahora”, describió la activista de Fuundec.

Del 2009 al 2011 fueron los años más fuertes de inseguridad y violencia, dijo, así también se presentaron los picos más altos de personas desaparecidas.

Foto cortesía

Según las cifras de incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Coahuila se cometieron 248 secuestros del 2007 a la fecha.

Hablando del 2007 al 2012, esta dependencia ofrece la cifra de 155, mientras que las organizaciones como Fuundec, Vida, Familias Unidas y Alas de Esperanza, tienen registrados 452 desaparecidos.

En 2011 al menos 300 personas fueron secuestradas y asesinadas tan sólo en el municipio de Allende, Coahuila, según información que a cuentagotas, se ha dado a conocer por autoridades.

El trabajo ha sido arduo, aseguró Diana Iris García, tanto en la búsqueda como en la creación de bases legales para exigir a las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Entre las dudas que diariamente les aquejaban, estaba la de qué pasaba con las personas que estaban sin identificar en cementerios y fosas comunes y decidieron empezar con organizarse para su reglamentación y obtener el apoyo de organismo y autoridades.

Había muchos cuerpos sin identificar y después de conformar una Comisión Técnica Forense, apoyados por el Comité Internacional de la Cruz Roja, se fue desarrollando una metodología adecuada para saber qué documentación se tenía, tanto en los Servicios Periciales como en la Sub Procuraduría y en la Procuraduría, y de ahí ver si todas las personas sin vida que están en los cementerios no fueron identificadas.
 Diana Iris García.

Con el apoyo del equipo del comité de la Cruz y de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para México, el primer paso fue qué cuerpos no estaban identificados.

“Un trabajo arduo de ver cuántos cuerpos estaban, cuántos tenían una documentación más precisa y llevamos una hipótesis de identificación. Y se conformó también el equipo básico mínimo de acuerdo a estándares internacionales para poder hacer una exhumación cuidando todos los detalles, porque hay experiencias que no han sido así y ha sido revictimizante y más doloroso”.

Ya con las bases técnicas, humanas y jurídicas establecidas para llevar a cabo un Plan Estatal de Exhumación e Identificación, el cual se concretizó en la Ley para La Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza, legislación con las herramientas adecuadas para realizar un trabajo acorde a la situación actual, el pasado 18 de abril dio inicio la Primera Jornada de Exhumaciones en Fosas Comunes.

En este primer paso, se exhumó uno de los 458 cuerpos no identificados en ese estado, del periodo 2006-2017.

Otros tres cuerpos que ya estaban exhumados en Piedras Negras fueron recuperados para su análisis.

“Se empezó por uno que estaba en Acuña, se exhumó y los otros tres cuerpos que en esta etapa se van a identificar, ya estaban exhumados desde diciembre y estaban resguardados en un Semefo en Piedras Negras y se recuperaron para su análisis de identificación”, detalló Diana Iris García.

Fuundec ha trabajado desde el 2013 en la construcción del Programa para Familiares de Personas Desaparecidas, añadió, el cual que pretende atender el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo y a la alimentación.

Ahora se encuentra en una última fase, previa a su aplicación, la cual que sentará las reglas para su operación.

El organismo se ha ocupado desde hace dos años en hacer las bases legislativas y así también ha colaborado en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, con quienes han dado seguimiento a la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El 27 de abril fue aprobada por el Senado de la República, una Ley, que a decir de la entrevistada, dista mucho de lo que las familias requieren para realmente que sea una Ley viva.

Describió diversos puntos contenidos en la Legislatura por los que consideran que la autoridad sigue obstaculizando la búsqueda que los familiares requieren.

No están asignando policías especiales para esta Comisión, sino que dependemos de los policías que dependen de la Comisión de Seguridad, de las policías locales, estatales y ahí estamos atorados porque las familias tenemos mucha desconfianza de las instancias locales, porque todos fueron participes ya sea por acción u omisión.
 Diana Iris García.

Pese a las deficiencias señaladas, las familias se encontraron en la encrucijada de si avalar la Ley presentada por el Ejecutivo pese a sus deficiencias, pero con el beneficio de ya tenerla, o debatirla y esperar a que se haga como se solicitó.

“Pareciera ser que en esa parte no se avanzó y estamos en consulta de si avalamos esa Ley a pesar de las limitaciones o nos vamos a otro periodo con el riesgo de que no la vuelvan a tomar, aunque es un compromiso de México con el Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas”.

Fue aprobada de última hora en el Senado y pasada a la Cámara de Diputados, que al acabársele el periodo de sesiones, terminó dejándola en el limbo.

Este domingo, Familiares de Personas Desaparecidas se pronunciaron en contra de la detención a la aprobación de la Ley por parte de los Legisladores.

“Es una infamia que en este momento se “detenga” la ley y se revictimice a las familias de personas desaparecidas, a quienes se les envía el mensaje de que, como lo han planteado madres y padres de víctimas, “a las autoridades no les importan nuestros desaparecidos”, declararon en conferencia de prensa en la ciudad de Monterrey, colectivos de todo el País.

Familiares de los estados de Guerrero, Baja California, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Nuevo León, Michoacán, Coahuila, Chihuahua y Zacatecas y de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como el Consejo Federal Ejecutivo del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), exigieron la aprobación de la Ley a la brevedad.

“Es inaceptable que las autoridades y los partidos políticos tomen el tema de desaparición de personas como botín político y factor de negociación en coyunturas electorales”, anunció la Hermana, Consuelo Morales, representante de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC.


Agradecemos a Posta.com.mx por compartir este trabajo.

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