Los poderes “decisorios” en Jalisco

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|Por Juan José Doñán|

A propósito de una eventual salida de Eduardo Almaguer de la Fiscalía General de Jalisco para contender por el PRI a un puesto de elección popular en los comicios del próximo año, un conductor de programas políticos en Medios UdeG, Enrique Toussaint, acaba de decir en una columna de El Informador (19 de septiembre), un diario en el que también funge como editorialista, que el probable sucesor de Almaguer saldría de un posible acuerdo entre “los tres poderes decisorios de Jalisco”.

Y al decir del señor Toussaint, esos poderes capitales o “decisorios” en la entidad no son, como alguien podría suponer, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial de nuestro estado, sino una suerte de rarísima trinidad conformada por el gobernador Aristóteles Sandoval, el alcalde de Guadalajara Enrique Alfaro y conocido ex rector de la Universidad de Guadalajara, de nombre Raúl Padilla.

Más allá del aventurado pronóstico sobre cómo se nombraría a la persona que viniere a suceder a quien hasta el día de hoy se sigue desempeñando como fiscal general de Jalisco, un atributo que, según la ley, sólo le compete al gobernador del estado, llama la atención que alguien como Toussaint, quien navega con bandera de politólogo, les conceda la misma jerarquía que al gobernador al alcalde de uno de los 125 municipio del estado (aun cuando se trate del de la ciudad capital). Pero llama todavía más la atención que el editorialista de marras meta en la misma categoría a un ex rector universitario, aun cuando este encabece a uno de los poderes fácticos de la comarca, a saber, el grupo político que regentea a sus anchas y sin ninguna oposición a la Universidad de Guadalajara, incluido el pingüe presupuesto de esa institución.

Si de por sí ya es una pena para la sociedad jalisciense la desmedida fuerza que ha podido acumular el citado poder fáctico (la nomenklatura udegeísta), es más penoso todavía que a gente pensante –como se supone sería el caso del señor Toussaint– no le parezca una anomalía política que ese poder fáctico trate de imponerse, una vez sí y otra también, a los poderes constituidos, comenzando por el máximo representante del poder civil en Jalisco: el gobernador del estado.

Porque éste, bien que mal y lo mismo que los munícipes y los legisladores, se tuvo que someter al veredicto popular para llegar a ocupar el cargo público que detenta y el cual siempre tienen una fecha fatal de caducidad, luego de cumplidos seis años en el caso del gobernador y tres en el de diputados y munícipes.

Pero en cambio, quienes regentean a sus anchas a la universidad pública de Jalisco y disponen a su arbitrio del copioso presupuesto que aportan los contribuyentes para el sostenimiento de la misma, ni se someten ni se han sometido a una elección entre la comunidad universitaria y en la mayoría de los casos su posición dentro de la UdeG no tiene un periodo para concluir. Véase, si no, el caso de José Manuel Jurado Parres, quien lleva ya cuarenta años como director de la Preparatorio Número 5, lo que lo convierte en una suerte de Fidel Velázquez de esa dependencia universitaria.

Lo más grave del caso es que quienes dirigen y han dirigido a esa institución, la cual tiene la encomienda constitucional de hacer cumplir el Artículo Tercero en el ámbito de la educación superior, brindando una enseñanza de calidad “pública y gratuita”, los jeques universitarios se han venido dedicando a otras cosas, al margen de dicha encomienda y con el mayor descaro del mundo: a hacer negocios, ya sea con un equipo de futbol o con en empresas parauniversitarias, varias de ellas presuntamente culturales pero que, en la mayoría de los casos, no van más allá del entrenamiento frívolo y superficial. Ejemplo de ello es el show Aventurera, que está por presentarse por enésima vez en conocido auditorio propiedad de la UdeG.

Otro caso no menos lamentable es que grillos que han medrado durante años, dentro y fuera del campus universitario, disfrazados con la toga y el birrete académicos –y que en algunos casos hasta han militado o militan en equis partidos políticos, ocupando cargos públicos a costa de ellos– traten ahora de navegar con bandera de “ciudadanos” inmaculados, metiéndose en el proyecto para elegir al próximo fiscal general del estado, según elucubra Enrique Toussaint o, como ha sido público y notorio, en la designación “ciudadana” del fiscal Anticorrupción de Jalisco, algo que, de conseguirlo, sería tanto como dejar la Iglesia en manos de Lutero.

Pero de estas y otras groseras anomalías no habla ninguno de los editorialistas del padillato, seguramente por aquello de que el que paga manda, ni tampoco ninguno de los intelectuales orgánicos de la UdeG, algunos de ellos metidos a columnistas de la prensa y fungiendo como paladines de las causas sociales, tratando de ver la paja en el ojo ajeno e ignorando la viga que llevan en el propio. O, peor todavía, hablando con todo cinismo de la normalidad de los presuntos poderes “decisorios” en Jalisco, queriendo igualarlos con los poderes constituidos democráticamente. Y ello aun cuando en el caso de los poderes fácticos se trate de entes que con mucha frecuencia corrompen la vida pública de un estado como el nuestro.

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