¿No habrá Fiscal General autónomo e independiente en Jalisco?

|Paul Alcántar|

En un “corte de caja” en la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, resulta valioso visibilizar el gran potencial que tiene la ciudadanía y expresiones sociales que no dejaron, ni por un segundo, que el andamiaje en las designaciones públicas de quienes integran al mismo Comité Coordinador que le dará vida y movilidad a este complejo Sistema, saliera más que positiva.

El último nombramiento del engranaje, el de Aimée Figueroa como Secretaria Ejecutiva, resultó no solo favorable por la calidad profesional y académica que la han distinguido en su reconocida carrera, sino porque el Comité de Participación Social fue sensible al escuchar las voces de organizaciones feministas y activistas que pusieron el dedo en la llaga: en Jalisco, como en todo el país, hay pocas mujeres en la toma de decisiones públicas. La votación le fue favorable.

Sin embargo hay dos asuntos que aún preocupan:

Por un lado, la base del funcionamiento y de origen al propio Sistema vuelve a la lupa de quienes podrían romper con los propósitos que buscan combatir la corrupción y la impunidad local. La denuncia pública que las organizaciones realizaron para que Mara Robles, posible candidata de Movimiento Ciudadano a una curul en el Congreso de Jalisco y gran activa en la nueva alianza con Enrique Alfaro, renunciara a la Comisión de Selección por un evidente conflicto de interés político y ético. También, el relevo de Jorge Alatorre actual Presidente del Comité de Participación Social, que se dará hasta septiembre. En ambos casos habrá nombramientos que pondrán a los actores políticos a negociar nuevamente para hacer una segunda intentona que busque paralizar o retroceder lo ya avanzado en los últimos cinco meses.

Pero el más complejo es el cambio jurídico que se le debe dar a la Fiscalía General para que ésta sea autónoma e independiente.  Desde el 14 de septiembre de 2017 sigue congelada una iniciativa enviada al Congreso enviada por el gobernador, específicamente en las comisiones de Seguridad y Puntos Constitucionales presididas por los priístas Antonio López y Rocío Corona Nakamura respectivamente.

En ese mismo mes, el gobernador planteó un mecanismo donde involucra una reforma al artículo 30 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General. En ésta se garantiza una elección de un titular de la misma Fiscalía  con una opinión técnica del Comité de Participación Social (como las ha tenido en todas las designaciones que se le han presentado) sobre una lista que el gobernador le envía y después proponer una terna al Congreso que finalmente decidiría  en una votación de las dos terceras partes de su misma asamblea.

Un procedimiento que al parecer ambos poderes dejarían para el siguiente mandatario estatal. No hemos visto alguna voluntad política que presione para que la Fiscalía General tenga independencia del Ejecutivo. De acuerdo a los tiempos electorales, podría resultar creíble que Aristóteles Sandoval deje tal responsabilidad a quien lo reemplace para el siguiente sexenio, desviando la atención de esta demanda precisa.

Tan es así que en su informe pasado, advirtió que uno de sus cinco acciones inmediatas, antes de terminar su gestión, sería nombrar a quien encabece la Fiscalía Especial para las Personas Desaparecidas con el apoyo del propio Comité de Participación Social.

Afortunadamente las y los cinco miembros de este órgano colegiado resolvieron con ética y sensibilidad la provocación del titular del Ejecutivo en Jalisco, y a su vez le recordaron que no tienen la facultad para entrarle a un proceso que ya está establecido por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Queda pues la Fiscalía General en el tintero de la urgencia para que los procesos del Fiscal Anticorrupción tengan más garantías operativas que obstáculos políticos.

Paul AlcántarPaul Alcántar

Hago análisis. Toma la ciudad. Michoacano en Guadalajara.

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