¿Qué nos espera? Perspectivas de un futuro amenazador

militares

|Por Araceli Fabián|

El último mes del año 2017, previo a las vacaciones navideñas, fue intenso y  agotador; tanto para actores políticos, como medios de comunicación y, por supuesto, ciudadanos interesados en dar seguimiento puntual a las informaciones, debates y acuerdos llevadas a cabo en torno a dos asuntos de interés público. El primero: la Reforma al Código Civil Federal respecto al daño moral hacia servidores públicos –o cualquier persona– en publicaciones físicas o digitales, considerada como un elemento que abona a la censura en un país que lucha día a día y hasta con la vida por la Libertad de Expresión. La segunda: la iniciativa de Ley sobre Seguridad Interior (LSI), ambos temas relevantes para un país “democrático”, sobre todo en vísperas de las elecciones de 2018, que se avizoran preocupantes por el ángulo que se les vea.

En el caso particular de la Iniciativa de la LSI fue recibida con suma preocupación por distintos actores políticos y miembros destacados de la sociedad civil, así como por Organizaciones no Gubernamentales en pro de los Derechos Humanos tanto nacionales como internacionales (ONU, Amnistía Internacional, Colectivo Seguridad sin Guerra, Reporteros sin Fronteras, Artículo 19, Causa en Común entre otros), debido a los riesgos que la misma presenta en contextos sociopolíticos y culturales de extrema violencia para un país oficialmente sin guerra con alta tasa de homicidios.

Crónicas de una violencia legitimada

Las bajas de nuestra guerra perdida (2006-2017) son alarmantes como lo demuestran los números actuales con 52 mil elementos desplegados, 213 mil muertos más de 30 mil desaparecidos; ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas bajo intervención militar con total impunidad contra la población civil. Acteal, San Salvador Atenco, Ayotzinapa, Tlatlaya, son botones de muestra que evidencian la severa crisis humanitaria que padecemos, aunado a las cifras que reporta el año que estamos por despedir, pues como lo publicaron Sin Embargo, Animal Político, Le monde  entre otros diarios internacionales el 2017 se corona como el más violento de los últimos 20 años en México.

De acuerdo con cifras oficiales publicadas el pasado 22 de Diciembre hasta Noviembre se contabilizaron 23 mil 101 homicidios y tan solo en octubre los números registrados oscilan entre 2 mil 380 y 2 mil 764, la explicación dada por distintos expertos en Seguridad Nacional y medios de comunicación a este repunte cada día más agudo de la violencia obedece a la fragmentación de los grupos criminales producida por el arresto de líderes, que ha resultado en intensas luchas por el control del territorio y la necesidad de poder; en tanto, otro analistas y periodistas sugieren un problema más grave de fondo: la corrupción, la impunidad y la compenetración del crimen organizado con los poderes públicos, es decir, el narcogobierno.

Peña Nieto

Amenaza latente

En este orden de ideas, legitimar constitucionalmente la militarización del país, transferir poder y validar la presencia de las Fuerzas Armadas en el espacio público a fin de brindar “seguridad”, regular y controlar la violencia –ahora desbordada– supone riesgos excesivos, como un repunte mayor de la misma y violaciones a los derechos humanos que ponen en peligro la per se incipiente democracia en México de cara a las elecciones, en particular, por la velocidad para aprobar una Ley de esta envergadura que puede ser utilizada contra quienes osen manifestar inconformidad con los resultados electorales y, por la ambigüedad de los términos de intervención, delegando en las Fuerzas Armadas responsabilidades que competen a otras autoridades como los policías y los ministerios públicos, lo que podrían dar pie a arbitrariedades y abusos de poder que ya forman parte de la historia sangrienta de este país y de lo que Alejandro Madrazo Investigador del CIDE denomina “política de exterminio”, pues la intervención militar demuestra altos índices de letalidad y ahora con la Ley aprobada por el Legislativo y el Ejecutivo tendrán impunidad garantizada, situación que preocupa a la Comunidad Internacional, a Parlamentos como el Británico y el alemán y a diversos  medios nacionales e internacionales de comunicación.

Es inevitable para quienes hemos leído “Rebelión en la granja” de George Orwell no asociar esa historia con nuestra espeluznante realidad y para muchos ciudadanos de a pie resulta evidente las formas de control que el Estado está adoptando para mantener a su partido político en el poder, al precio que sea, sin escuchar, sin dialogar y sólo simulando una preocupación genuina y un interés desmedido por una seguridad que desde hace 11 años dejamos de tener y empeoró con el  gobierno en turno; para distintos actores políticos resulta obvia la intencionalidad anticipada de estas Leyes y Reformas con fines de amenaza, represión e imposición tras un altamente probable fraude electoral en 2018.

Leyes y reformas que marcaron un convulso cierre de año 2017 en la difícil relación sociedad civil, gobierno y medios de comunicación, en donde los ciudadanos fuimos constantemente invisibilizados y excluidos del debate público que implica la democracia  –a pesar de pedir en voz alta la palabra– fuimos y somos vigilados en mayor o menor medida por el Estado y estamos siendo amenazados en nuestra libertad de expresión y derecho a la información (con 12 periodistas asesinados), utilizando todo tipo de amenazas y estrategias de control narrativo e informativo, al destinar a diversos medios de comunicación 360 mil millones de pesos del erario público a publicidad oficial para censurar o manipular información valiosa para la toma de decisiones presentes y futuras rumbo al 2018 en lo que se prevé como un año mordaza con ataduras de pies y manos tanto en el sentido literal como en el figurado…

AraceliAraceli Fabián
Académica y estudiosa de la comunicación,
los fenómenos sociopolíticos y  el periodismo.

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