Opacidad y secrecía, otro retroceso de la Ley de Seguridad Interior

SEDENA

||El INAI detectó que el dictamen de Ley de Seguridad Interior contiene conceptos que podrían considerarse ambiguos o imprecisos, como el “acciones de seguridad interior” y “acciones de orden interno”

|Por Julio González|

La Ley de Seguridad Interior ha desatado una ráfaga de críticas por su contenido y el empoderamiento a las Fuerzas Armadas del país. Podrían, por ejemplo, patrullar por las calles e incluso reprimir manifestaciones. La propuesta ya fue aprobada por los diputados federales y está por discutirse en el Senado.

El Artículo 129 de la Constitución es uno de los que delimita el trabajo del Ejército y la Marina. El texto especifica que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

Uno de los puntos que, para algunos órganos descentralizados y organizaciones de la sociedad civil, debe ser tratado con “pincitas” es el Derecho de Acceso a la Información.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a través de un comunicado, considera que el Artículo 9º del dictamen contraviene el 6º Constitucional, justo el que salvaguarda el Derecho ya mencionado.

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¿Qué dice el 9º del dictamen aprobado?

“La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será́ considerada de Seguridad Nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con está y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información”.

¿Y por qué contraviene el Derecho de Acceso a la Información?

Esto se debe a que trasgrede los principios de máxima publicidad, de temporalidad en la reserva y de progresividad, los cuales deben imperar para el ejercicio del Derecho Humano de Acceso a la Información.

Por su parte, Fundar, Centro de Análisis e Investigación considera que dicho Artículo ¡obstaculiza el escrutinio que la sociedad debe tener respecto a la actuación de entidades que ejercen funciones de seguridad”.

El organismo argumentó que las entidades del sector de seguridad nacional y de seguridad interior (o sea el Ejército, la Marina y las diferentes policías), tienen la obligación de divulgar información respecto al ejercicio de sus funciones. Y no es la excepción cuando sus actividades tienen impacto en el ejercicio de los Derechos Humanos.

¿Y el Ejército qué sí puede hacer?

Lo que marca el concepto de Defensa Nacional: “consiste en las acciones, políticas y estrategias directamente vinculadas a preservar la soberanía, independencia, territorio y unidad de la federación frente a: otros Estados y sujetos de derecho internacional” y también aquéllas que perturben el orden o la paz pública o pongan a la sociedad en peligro, aquí es donde entra la implementación del Plan DN-III para atender a los afectados por un desastre natural.

Julio González
Acerca de Julio González 73 Artículos
Reportero // Caminante //escribe la columna "Sepa la bola" // Profesor.

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