El Salvador y la crisis de Derechos Humanos en sus cárceles

Foto: Moisen Saman. Cortesía de Sony World Photography Award 2008

|Por Valeria Campos|

Cuando se piensa en la protección a los Derechos Humanos, se suele olvidar a un grupo bastante vulnerable –ya sea porque se olvida que tienen derechos, o porque se olvida que son humanos–. Este grupo vive día con día violaciones a sus garantías individuales que van desde la privación de comida, hasta torturas que muchas veces llevan a la muerte; este grupo es aquél que se encuentra dentro de las cárceles de América Latina.

Basta con mirar a un solo país de la región para tener una idea generalizada de cómo es la vida dentro de las cárceles. Miremos, por ejemplo, a El Salvador, en donde las celdas de 7 metros cuadrados, aproximadamente, albergan a un puñado de personas que rebasan más del 300% de su capacidad. En otros casos hay celdas casi vacías pues los grupos de crimen organizado se adueñan de ellas y no permiten que otros reos les quiten espacio, lo que causa que el resto se vean sobrepasadas en su capacidad humana. Es el país de América con mayor sobrepoblación penitenciaria.

El periódico de nacional del país, que lleva por nombre El Salvador, publicó una nota que revela que el jefe del Departamento de Vigilancia Penitenciaria de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Francisco Hernández, contabilizó 80 reos que sufren de desnutrición debido a que no tienen acceso a la alimentación mínima. Esto se da porque muchas familias no cuentan con los recursos suficientes para pagar los tres tiempos de comida, y los comedores venden cada plato en dólares, e incluso cuando algunos sí tienen acceso a alguna comida, muchas veces la tienen que comer de sus propias manos.

En el sector salud, solamente se cuenta con jornadas médicas cada dos semanas que atienden casos de migraña y problemas de piel. No se atiende a personas con cuestiones de salud más graves como hipertensión, diabetes y obstrucción en vena del corazón. En una de las cárceles hubo un brote de tuberculosis que no fue atendido, así como tampoco se les atiende a los reos infectados con VIH.

Medidas extraordinariamente inútiles

Un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) expone cómo las condiciones de salubridad, hacinamiento, falta de acceso a agua potable y servicios de limpieza básicos se ha agravado. Un testimonio relata que cuando se tapa el único baño que hay en un sector, la gente tiene que orinar y defecar en una pequeña pila dentro de la celda, y junto a esa pila duermen algunos. Afuera de la celda hay más baños, pero no se les permite salir de esta para acceder a ellos.  Este encierro ha causado en algunos de los prisioneros episodios de histeria.

A principios de 2016, el presidente Salvador Sánchez Cerén aprobó “medidas extraordinarias”; disposiciones especiales para las siete cárceles destinadas exclusivamente a pandilleros; eliminaron las visitas de familiares, no se les permitía salir de las celdas ni recibir paquetes con productos higiénicos básicos, suspendieron las diligencias judiciales y se limitaron al máximo las salidas a centros hospitalarios.

Estas medidas imposibilitaron a Organismos de la Sociedad Civil (OSC) para tener acceso a estos sitios y verificar las condiciones en las que viven los presos. Ni siquiera se le dio permiso al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con quien el Gobierno de El Salvador tiene un convenio, bajo el pretexto de que el convenio no establecía a cuáles cárceles tenía permitido entrar y a cuáles no.

Pngtree

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró a la pandilla Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla 18 o mara 18, y cualquier otra pandilla u organización criminal “que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado” como grupos terroristas.

Si bien cuando Sánchez Cerén llegó al poder en junio de 2014, se vivió uno de los periodos más pacíficos desde la guerra civil, al mismo tiempo, generó una de las épocas más mortíferas que iban más allá de la guerra entre pandillas; sino que el Estado y su negligencia permitían a las autoridades cometer abusos de poder. Las autoridades mataron a ocho veces más presuntos integrantes de las pandillas en 2015 que en 2013, y el medio de comunicación El Faro reveló que por cada policía que murió en un tiroteo entre enero y agosto de 2016 fueron asesinados 53 presuntos pandilleros.

Las tres “r” sin espacio en las políticas públicas

Muchas veces se olvida cuál es el verdadero propósito de las cárceles: la reeducación, la rehabilitación y la reinserción. Se deja de ver a los reos como personas y se les comienza a ver como objetos merecedores del atropello a sus garantías individuales.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estableció las reglas básicas para tratar a los reos dentro de las prisiones; la primera es el derecho al registro, pues es obligación del Estado proveer de detalles e información acerca de los detenidos y de las detenidas, se exige el acceso a higiene personal, ropa, cama y alimentación. También se establece que:

“Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias(…) Los medios de coerción tales como esposas, cadenas, grillos y camisas de fuerza nunca deberán aplicarse como sanciones”.

No es necesario poner a América Latina bajo una lupa para saber que la negligencia del Estado hacia las instituciones penitenciarias y la gente que reside ahí ha permitido crear un ambiente de abuso, de tortura, y una escuela de delincuentes que salen para reincidir después por crímenes mayores.

Es necesario darle voz a las personas que se encuentran dentro de las cárceles y hacer valer sus Derechos Humanos.

 

Valeria Campos

es estudiante de Relaciones Internacionales, apasionada por México y los Derechos Humanos.

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