A toda máquina: licitación amañada

|Por Álvaro Quintero|

El viernes 29 de marzo, Sonia Serrano publicó en NTR una excelente pieza de investigación en donde evidencia que Guillermo Romo Moreno, el empresario que consiguió los boletos de un partido de basketball a Enrique Alfaro y sus acompañantes (ya sea apartándolos como dice el gobernador, o regalándonos como mencionó la diputada Mirza Flores), resultó favorecido contrato más importante en lo que va en esta administración: arrendamiento de maquinaria por más de 3,600 millones de pesos.

A partir de esa pieza de investigación, me puse a investigar por mi propia cuenta y a profundizar y encontré que este asunto no queda únicamente en el hecho ilegítimo de beneficiar a un empresario cercano al gobernador, sino que hay pruebas que nos hacen pensar que estaríamos ante una licitación amañada y en donde hubo colusión por parte de las dos empresas que pasaron a la última fase de la licitación: AVANCAP S.A. de C.V. SOFOM E.R. y Operadora de Servicios MEGA S.A. de C.V. SOFOM E.R. (la que terminó ganando la licitación).

Mismas personas en las dos empresas

A través de la información proporcionada al Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía y el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros de la CONDUSEF, podemos ver que existen personas con posiciones clave trabajando en las dos empresas, lo que nos hace suponer que o trabajaron de manera coordinada o eran conscientes de la oferta económica que hacía cada empresa.

El primer caso es el de Román Ibarra Gangoiti. En los registros de la CONDUSEF podemos observar que él es integrante del consejo de AVANCAP por lo menos desde el año 2014. Román es a su vez empleado en Operadora MEGA y no en cualquier puesto; de acuerdo a su perfil público en LinkedIn, Román estaría trabajando en AVANCAP desde 2007 y en la actualidad se desempeñaría como gerente comercial.

Por otra parte, y de manera más evidente, tenemos el caso de la abogada Mariel Rodríguez Printzen. Según los registros en el Registro Público de Comercio, Mariel Rodríguez Printzen aparece en las actas de AVANCAP como su represenante legal. Y de la misma manera, en los registros más recientes de Operadora de Servicios MEGA, Mariel es también su representante legal.

De la misma manera, en su perfil en la red social LinkedIn, Mariela se ostenta como empleada desde 2014 de Operadora de Servicios Mega, con el cargo de abogado legal corporativo y oficial de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero.

Cabe señalar que el domicilio que manifiesta Mariel Rodríguez en las actas de AVANCAP S.A. de C.V. (Avenida Patria 324, Colonia Jardines de la Patria. Zapopan, Jalisco) es el domicilio físico de Operadora de Servicios MEGA. Esto se puede constatar haciendo una visita física al establecimiento o revisando dicho domicilio a través de la herramienta Street View de Google Maps.

(Domicilio proporcionado por Mariel en las actas de AVANCAP ante el Registro Público del Comercio. Elimino información personal que no tiene relevancia para esta investigación.)
Visualización de Avenida Patria 324 en Google Maps. Se puede ver claramente que es el domicilio de Operadora MEGA.

Derivado de todo lo anterior podemos ver que existe una relación laboral clara entre integrantes de AVANCAP S.A. de C.V. SOFOM E.R y de Operadora de Servicios MEGA S.A. de C.V. SOFOM E.R. El Comité de Adquisiciones tuvo que haber descalificado a estas empresas de participar, ya que en la propia Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (art. 52) y en las bases de esta licitación (base octava), se menciona que se descalificarán los participantes si un socio o administrador forma parte de dos o más de las empresas participantes.

Relaciones familiares

Si lo anterior no fuera suficiente como para suponer que esta es una licitación amañada, existe otro punto a considerar: hay una relación familiar entre un integrante del consejo de Operadora de Servicios MEGA y el presidente del Comité de Adquisiciones.

El 15 de diciembre de 2017, según consta en acta registrada ante el Registro Público del Comercio, Juan Jaime Petersen Farah fue nombrado miembro del Consejo de Administración de Operadora de Servicios MEGA.

Juan Jaime es a su vez tío segundo de Esteban Petersen Cortés, Secretario de Administración y por lo tanto Presidente del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Si bien es cierto que esteban no firmó el resolutivo de esta licitación (fue Luis Arturo López Sahagún, su suplente), existe una duda razonable de saber hasta qué punto participó en otras áreas de esa licitación y si él públicamente llegó a excusarse por el conflicto de interés o si fue una coincidencia que no estuviera en esa ocasión.

En caso de que Esteban Petersen hubiera tenido una participación más directa en el proceso de licitación, estaríamos ante otra irregularidad. La Ley de Compras Gubernamentales en su artículo 52 dice que no se podrá celebrar contratos con las empresas que un servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios.

El viernes pasado el Gobierno de Jalisco quiso minimizar la investigación de Sonia Serrano señalando que “la licitación fue transparente y se llevó a cabo de forma legal”. Con lo que aquí muerto, me queda claro que hubo colusión entre las dos empresas que se revisaron sus propuestas económicas y que es posible que haya existido conflicto por interés familiar de parte del presidente del Comité de Adquisiciones por ser su tío un integrante del Consejo de Administración de la empresa ganadora. Presenté una denuncia ante la Contraloría del Estado para que pueda sancionar las faltas administrativas cometidas en esta licitación y, si fuera el caso, para que presente las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción.

 

 

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